Lo que ella tenia que hacer con el, para buscar el niño

El caso de la madre de un niño desaparecido en Barahona en 2022 ha tomado un giro impactante, ya que la madre ha presentado una querella ante el Ministerio Público contra el procurador general de Corte de Barahona, Ulises Guevara Feliz, acusándolo de agresión sexual y prevaricación.

La denunciante, Fraila Méndez Marrero, alega que el acusado la chantajeó con el secuestro de su hijo, ofreciéndole ayuda a cambio de tener relaciones sexuales con ella. Según la querella presentada el 11 de septiembre, Guevara Feliz se aprovechó de la vulnerabilidad emocional de Méndez Marrero para agredirla sexualmente, prometiendo asistencia en las investigaciones para encontrar a su hijo desaparecido.

La víctima afirma que todo comenzó después de que denunciara a Guevara Feliz por supuestamente obstruir las investigaciones del caso en un programa de televisión. Según su testimonio, el procurador la invitó a su oficina y comenzó a hacer insinuaciones de naturaleza sexual con el tiempo.

Méndez Marrero afirmó que el procurador la invitaba a salir a tomar bebidas alcohólicas y en ocasiones la manoseaba, todo con la intención de fortalecer los esfuerzos relacionados con el caso en curso.

Sin embargo, el episodio más revelador ocurrió el 3 de agosto de 2023, cuando Guevara Feliz la llamó insistentemente por video para solicitar sexo virtual. La víctima, sintiéndose presionada, accedió a tener relaciones sexuales de forma virtual en ese momento.

Después de este incidente, Guevara Feliz continuó haciendo promesas de ayuda, pero Méndez Marrero comenzó a dudar de su palabra y experimentó un gran estrés que la llevó a ser hospitalizada por problemas de salud.

La denunciante ha recibido amenazas desde que presentó la denuncia, lo que la llevó a solicitar una orden de protección y alejamiento contra el funcionario judicial. Sus abogados argumentan que Guevara Feliz se aprovechó de la vulnerabilidad emocional y psicológica de una madre desesperada, y que incluso si la querellante hubiera accedido de manera voluntaria, el deber del imputado era no permitir que eso ocurriera.

Este caso es un recordatorio de la importancia de abordar adecuadamente las denuncias de abuso de poder y conducta inapropiada por parte de funcionarios públicos y garantizar que se haga justicia en todos los casos.

 

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